No es nada nuevo decir que la situación económica en Venezuela
es muy difícil, y aunque son muchos los mecanismos que se han implementado ninguno
ha traído los resultados que necesitamos, y no es de extrañar que esto suceda, ya
que estos mecanismos han atacado debilidades tecnológicas, organizativas y económicas
pero han olvidado acompañadales con un sistema de sanciones reales que le den
al estado ese grado de autoridad que debe tener, no con la intención de crear
una cacería de brujas sino de hacer valer la ley.
Sin embargo hay que recalcar que las leyes existen, algunas
de ellas extraordinaria, pero las sanciones no se cumplen, creando una
impunidad generalizada en la población, donde nadie toma responsabilidades por
las acciones que realiza sin importar la gravedad de los hechos.
Por eso es preocupante cuando vemos gente conocida por
nosotros como un primo Eduardo vendiendo un apartamento en dólares, a pesar que
la moneda oficial es el bolívar; a una compañera de trabajo como Moraima, que
se graduó como maestra muy joven y afirma que le gustan los niños, raspando
cupo y vendiendo los dólares en el mercado negro; o escuchar que la Psicóloga Fernandez abandono su consultorio para
irse a vender billetes venezolanos en Colombia, pero además alarma como se
comenta con la mayor normalidad, incluso como una alternativa para enfrentar la
situación económica del país, incitando a todos a su alrededor a comportase
igual, porque “total, todo el mundo lo hace” contagiando cada vez más a más
personas.
En la calle la situacion no cambia, los bachaqueros, los
raspacupo, los vendedores de efectivo, los trabajadores que han salido del país
metiendo reposos en sus trabajos (tanto del sector público como del privado), se
enriquecen y se multiplican por miles cada día aun cuando policías, militares y
supervisores inmediatos saben lo que ocurre.
Sería fácil decir o pensar que el problema es que el policía,
el militar y el supervisor inmediato “recibe su tajada” pero ahí no está el
problema, porque en caso que haya un policía, un militar o un supervisor
inmediato que haga la denuncia nada ocurre y todos lo sabemos.
Esa impunidad, acompañada de una inmensa sociedad de cómplices
hace esteril todo intento de salir de la situacion nacional, hay quienes dicen
que el problema es que agarran a los peces pequeños y dejan libres a los grandes,
pero yo difiero de este punto de vista porque, aunque la impunidad entre banqueros,
generales y gobernantes causa un gran daño social y económico muy grave, la
impunidad generalizada, convertida en una cotidianidad, convirtiéndose la
actitud de delincuente en una actitud normal o de una viveza criolla, como si
meterse en una cola fuera lo mismo que ir todos los días a apartar puesto en la
cola para luego vender los puestos, porque solo atienden 10, 15 ó 50 al día.
No sabemos hasta qué nivel se ha dañado moralmente nuestro país.
Y no hablamos de esa moral estéril profesada la iglesia y que se ruboriza
cuando se muestra un preservativo en una escuela, sino con la moral de la honestidad,
del respeto, la que nos permite saber lo que es legal , lo que es honesto y lo
que es justo, la misma que no permite convivir incluso cuando vamos a otros países
con otras costumbres y otras leyes, por eso es necesario que el estado asuma la
responsabilidad que tiene de hacer cumplir la ley, no con multas y sanciones administrativas
que dan risa o con programas de casas por cárcel cumplidas en hoteles de 5
estrellas, sino con años de prisión verdaderos; revocación de títulos académicos;
decomiso total de los bienes adquiridos, directa o indirectamente, de forma ilícita;
que quien cometa delito no le queden ganas de actuar fuera de la ley porque las
acciones tiene consecuencias. Pero al mismo tiempo en la población debemos aplaudir
e impulsar estas sanciones no como una retaliación para los que nos roban cada día,
sino como una necesidad de salud pública.
Huasca Gonzalez
Valecillo
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